EL CADA VEZ MAYOR FASCISMO IMPERIALISTA-SIONISTA DE ESPAÑA Y EUROPA

CAMINAMOS EN ESPAÑA Y EUROPA,  A UN FASCISMO IMPERIALISTA-SIONISTA CADA VEZ MAYOR, MEJOR DICHO A UN TERRORISMO DE ESTADO FASCISTA IMPERIALISTA-SIONISTA

   En el que cada vez los verdaderos Terroristas-Criminales, estados y gobiernos, salen más impunes y por contrario los ciudadanos y Pueblos son cada vez más condenados y criminalizados si levantan la voz para denunciar el Terrorismo de Estado...sin que nadie ó casi nadie haga realmente toda la fuerza necesaria para terminar de una vez con este Terrorismo Fascista Imperialista y Sionista. Y los que más fuerza deberían hacer para frenar y detener de una vez ese Terrorismo de Estado se diría que están más preocupados en los últimos días ó meses por asegurarse un buen Despachito en el Parlamento Europeos, con unos buenos sueldos, dietas, cochazos..a costa de los bolsillos de los ciudadanos españoles y europeos ó como mucho en los mitines buscando los votos necesarios para asegurarse los Despachitos... Porque ¿donde están últimamente los P.I, J.C.M, S.A.R, ...que no se les ve por ningún lado defendiendo a los detenidos en las redes sociales por expresar simplemente su hartazgo con tanta corrupción política-financiera que tenemos en España...y contra los recortes de Derechos y Libertades de los ciudadanos españoles entre las cuales se encuentra precisamente la Libertad de Expresión...? hace pocas semanas eran 21 los detenidos entre facebook y Twitter por expresar libremente su hartazgo y recientemente ha habido otros dos detenidos más por la misma razón al hilo del asesinato de la Presidenta de la Diputación de León parece ser que por inquinas personales de despidos por parte de los mismos compañeros del PP de la asesinada....  ; ¿donde estaban estos mismos mencionados anteriormente, cuando los compañeros del SAT de Jaén y de Granada -creo-sufrieron una auténtica represión y represalías por invitar a un representante de Amaiur - Sabino Cuadra- a la presentación de su libro "arrojado a los leones" y posteriormente otro acto político...? los mismos compañeros del SAT tuvieron que hacer de escudos humanos para proteger a Sabino Cuadra de la furía fascista de los gobiernos andaluces... Pero es más es que ni siquiera se sabe que otras organizaciones de la Izquierda, además de Podemos, hayan hecho un esfuerzo particularmente significativo por defender la Libertad de Expresión en las Redes Sociales, a pesar de saber muy bien que esa Libertad de Expresión va en consonancia con la realidad del cada vez mayor fascismo imperialista-sionista por parte de los gobiernos en el poder PPSOE y sus aliados y satelites como UPyD. Si ese silencio e indiferencia con la represión de estado de los últimos días, es lo que podemos esperar de los Partidos y Organizaciones que se presentan en las Elecciones Europeas del 25 Mayo, de aquí en adelante, ....Apaga y Vamonos!!!, conmigo que no cuenten, para legitimar un Sistema Fascista Imperialista-Sionista ni en España ni en Europa, ya lo había dicho antes, pero los últimos días me ha confirmado en mi postura, que ninguno de los Partidos Políticos existentes ó al menos ninguno de los que puedan tener alguna posibilidad de ganar las Elecciones se merecen mi voto ni menos aún mi confianza habida cuenta de lo poco ó nada que han hecho por los últimos represaliados, detenidos, multados,... porque si lo que han hecho hasta ahora es lo que van a seguir haciendo después, está claro que no me representan y que no están preparados precisamente para defender algo más que sus intereses políticos y económicos mezquinos e hipocritas ni en el  Parlamento español ni en el europeo. 

Lástima, que precisamente ahora que se prepara un cada vez mayor Terrorismo Fascista-Imperialista-Sionista, sea cuando la gente de ETA, Grapo y Terra Llure ya no estén en activo, y encima no hayan dejado sus Armas al Pueblo para poder defenderse como sería necesario!!!. Porque por mucho que algunos les parezcan fuertes las palabras y comentarios vertidos en facebook y Twitter, no dejan de ser expresión del hartazgo que existe en la gran mayoría de la sociedad española aunque muy pocos tengan los arrojos, por no decir otra cosa, de expresarlo tal como lo han hecho los mismos detenidos, y porque en buena parte por el miedo que aún existe a decir las cosas tal como son, ó por el adormecimiento de muchos aún producido por los medios de comunicación social entre otras drogas , además de por el mismo control que ejercen muchos de esos Partidos de "izquierdas", Sindicatos Mayoritarios, ONGs...en sus Bases, de momento el hartazgo no ha llegado a ser Explosión Social,  el día que realmente la gente explote en su Indignación, el estado español fascista imperialista-sionista no va a tener polícias ni guardias civiles ni militares suficientes para contener lo que se les vendrá encima...y ¡OJALA, OJALA MUY PRONTO, ESE ESTALLIDO SOCIAL TENGA LUGAR!!!, PORQUE YA ESTAMOS AGUANTANDO DEMASIADO...Y UNA OLLA CON TANTA PRESION  NO AGUANTA ETERNAMENTE SIN ESTALLAR...

MI SOLIDARIDAD CON TODOS LOS DETENIDOS Y REPRESALIADOS ALLI DONDE ESTEN,  EN LAS REDES SOCIALES,  Y EN LA CALLE, EN  EL SAT, EN ANDALUCIA, EN EUSKADI... Y EN PALESTINA... PORQUE SI TOCAN A UNO/NOS TOCAN A TODOS/AS,  NINGUNA REPRESION SIN RESPUESTA...!!!, ¡¡¡NI UN PASO ATRAS EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO FASCISTA -IMPERIALISTA-SIONISTA.

¡¡¡Habrá un día en que todos

al levantar la vista

veremos una Tierra

que ponga Libertad

Hermano aquí mi mano

será tuya mi frente

y tu gesto de siempre

caerá sin levantar

huracanes de miedo

contra la Libertad..!!!

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Nuevo apretón de tuercas: El Código Penal Militar

http://www.grupotortuga.com/Nuevo-apreton-de-tuercas-El-Codigo

Domingo.11 de mayo de 2014 247 visitas - 1 comentario(s)

El anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN

Manuel Pardo de Donlebún Montesino 

Rebelión

En fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley Orgánica de un nuevo Código Penal Militar (CPM). Esta reforma está justificada en los grandes cambios producidos en las Fuerzas Armadas (FAS), como consecuencia de la desaparición del servicio militar obligatorio, de las modificaciones en la carrera militar y de la implantación de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS.

En su justificación del proyecto, olvida el Gobierno, sin embargo, mencionar las obligaciones que ha contraído el Estado Español como firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que clamaban por una reforma radical de la justicia militar desde hace mucho tiempo.

Aplicación a civiles

Entre los aspectos más preocupantes del proyecto, figura la aplicación a civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en “delitos militares”, contraviniendo así el Principio 29 sobre “Restricciones a la competencia de los Tribunales Militares”de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidasi; en particular, resultan de aplicación a civiles los delitos de espionaje militar y revelación de secretos militares, atentado contra instalaciones o medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos y otros contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de “conflicto armado”.

En la mayoría de los casos, esos delitos están ya tipificados en el Código Penal (CP), tal vez faltos de precisión en cuanto al rigor requerido para proteger bienes jurídicos específicamente militares. Resulta sorprendente que el Gobierno no haya aprovechado la radical reforma del Código Penal para corregir estas carencias; le resulta más práctico declararlos “delitos militares” para que pasen a ser juzgados directamente por tribunales militares. Este procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Delitos de derecho internacional

Paradójicamente, en el Código Penal si que existen los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura o el Comité contra las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicación de la justicia militar en los casos de graves violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros crímenes de derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de investigar y castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos en “delitos militares”, cuando sean cometidas por militares y se perpetren con abuso de facultades o infracción de los deberes de las leyes de Derechos y Deberes de las FAS y de la Guardia Civil (GC); es decir, siempre. El proyectado CPM hurtará así a la justicia ordinaria el conocimiento de los peores delitos que pueden perpetrar los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se dio un caso, con ocasión de unas denuncias de malos tratos o torturas a detenidos durante la guerra de Irak, que fueron “investigadas” por la fiscalía militar, sin intervención de la justicia ordinaria y sin que haya habido mas noticias hasta hoyii.

Y este es el procedimiento que están utilizando las fuerzas armadas y de seguridad en Colombia para eludir la acción de la justicia en las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra sucia contra los grupos armados de oposición.

Obediencia debida

El proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia debida cuando no hace mención explícita de las violaciones graves de derechos humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad como circunstancias limitadoras de la obediencia debida. Las simples alusiones a “actos que manifiestamente constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general” resultan demasiado vagas para prevenir los peores crímenes, en especial cuando se establece que “se considerará circunstancia atenuante muy cualificada la de haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquier otra actuación injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante”.

Por otra parte, en los delitos contra los deberes del mando tampoco se enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros actos ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los instrumentos internacionales aceptados por España de combatir por todos los medios esos crímenes contra la humanidad, ni resulta aceptable para un militar honrado la posibilidad de eludir sus responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes prohibidas.

Delitos contra los derechos de las personas

Preocupa especialmente la categorización como delitos militares de aquellos hechos cometidos por militares que afectan a los derechos fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o violación de derechos entre iguales), sin mención explícita a la protección de las víctimas del delito. Cobra especial trascendencia en aquellos casos en que estos delitos se perpetran en conexión con actos contra la indemnidad sexual. En estos casos se violentan dos bienes jurídicos simultáneamente: la indemnidad sexual (u otros derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El hecho de convertirlos en delitos militares los hace automáticamente ser juzgados por los tribunales militares, dando de esta forma prelación al bien jurídico disciplina sobre el derecho fundamental violado, que debe tener mayor protección que aquella.

Los bienes jurídicos protegidos

En el preámbulo del proyecto se justifica la introducción en el CPM como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando éste no recoja “las singularidades referidas al bien jurídico protegido como esencial o estrictamente militares”. De esta manera, se introducen los delitos de traición militar, espionaje militar y revelación de secretos que comprometen a la defensa, dando por hecho que el bien jurídico protegido (la defensa de la nación) es un asunto de los militares y no de todo el pueblo español. Se abusa de los conceptos jurídicos indeterminados (ofensas, ultrajes e injurias), el objeto de los cuales serían España y sus símbolos y las FAS y sus símbolos. Por otra parte, tampoco se entiende que, en el caso de las dos primeras (ofensas y ultrajes a España y sus símbolos), se hayan definido como delitos militares, dado que el bien jurídico protegido, en este caso, no es estricta o esencialmente militar.

La Guardia Civil, remilitarizada

El proyecto está plagado de alusiones a la condición de los guardias civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la GC como bienes jurídicos a proteger por la justicia militar, convirtiendo así en delitos militares (y juzgados, por tanto, por tribunales militares) conductas que ya están recogidas en el CP. De hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo completo, con la sola excepción del tiempo en que se encuentren cumpliendo servicios policiales. Esto, obviamente, supone una tremenda limitación en sus derechos civiles cuando no se encuentran en acto de servicio, dándose la paradoja de que gozan de más libertades cuando están de servicio que cuando están fuera de servicio.

Los derechos civiles de los militares

En general, la misma crítica puede hacerse en relación con los militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los civiles en sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo, independientemente de que sus conductas se realicen en acto de servicio o no. Estas limitaciones no se darían si muchas de las conductas definidas como delito militar se circunscribieran a los actos del servicio, cuando se encuentren en funciones militares.

El estado de guerra, vs situación de conflicto armado

El texto está plagado de situaciones para las que se explicitan agravamientos de condena, aplicación a civiles e incluso la conversión de un delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el “conflicto armado”. En el actual CPM se habla de “estado de guerra”, que es una situación perfecta y taxativamente determinada por la existencia de una declaración de guerra. Este concepto desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina, internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a los conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la inmensa mayoría de los enfrentamientos entre países o grupos armados no ha mediado una declaración de guerra, en tanto que sus víctimas merecen igual protección que en una guerra).

Sin embargo, resulta preocupante la falta de concreción sobre qué debe entenderse por situación de conflicto armado, lo que anticipa un posible abuso en la aplicación de la justicia militar por parte de la propias autoridades militares en situaciones no suficientemente claras.

Los aliados

Los artículos referidos a los delitos de traición militar, espionaje militar, revelación de secretos de defensa, atentado contra medios de defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicación también cuando se cometieren contra potencia aliada. El problema aquí reside en que debe entenderse por aliado “cualquier Estado u Organización Internacional con la que España esté ligada por un Tratado o alianza de defensa, o que tome parte en conflicto armado, operación armada u operación internacional de paz en que participe España contra un enemigo común”, sin que se cuestione para nada la legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales delitos cometidos por españoles contra estos “aliados” sería considerados como delitos militares, igual que si se cometieran contra el propio estado, con independencia de la legalidad o ilegalidad de tales operaciones.

Conclusiones

El Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN y de los Estados Unidos en especial, consistentes en garantizar su efectividad, sacrificando para ello la legalidad internacional y los derechos de las víctimas de la guerra. España se apunta así a la corriente instaurada por los Estados Unidos de intervenir donde y como quiere, sin que los organismos internacionales vayan a suponer la menor cortapisa.

Para ello, no se duda en introducir como delitos militares conductas que debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a ésta de su conocimiento por la vía expeditiva de su definición como delitos militares. Ello permite, además, la extensión de su aplicación a civiles en muchas circunstancias, no taxativamente regladas.

En consecuencia, aumenta la inseguridad jurídica de los militares y de los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su potencial como vía para reprimir la disidencia, tanto interna como externa a la institución militar.

Además, hace un flaco favor a la protección de los derechos fundamentales, tanto de las víctimas de los conflictos armados, como de los propios militares, permitiendo que en la protección de bienes jurídicos yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesión de los ejércitos sobre los derechos fundamentales de las víctimas.

Por último, refuerza la militarización de la Guardia Civil como instrumento de control social disciplinado y obediente al poder establecido.

Todo ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que han manifestado bien poco interés en modificar el sentido y la utilidad de las fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de las aventuras imperialistas.

En suma, nos encontramos con otro elemento más del golpe de estado encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y libertades que recoge la Constitución, denunciado por el Colectivo Anemoi en un reciente comunicadoiii y que se suma al paquete legislativo represivo, con incalculables consecuencias.

Manuel Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío de la Armada en la Reserva.

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