CAMINAMOS EN ESPAÑA Y EUROPA, A UN FASCISMO IMPERIALISTA-SIONISTA CADA VEZ MAYOR, MEJOR DICHO A UN TERRORISMO DE ESTADO FASCISTA IMPERIALISTA-SIONISTA
En el que cada vez los verdaderos Terroristas-Criminales, estados y gobiernos, salen más impunes y por contrario los ciudadanos y Pueblos son cada vez más condenados y criminalizados si levantan la voz para denunciar el Terrorismo de Estado...sin que nadie ó casi nadie haga realmente toda la fuerza necesaria para terminar de una vez con este Terrorismo Fascista Imperialista y Sionista. Y los que más fuerza deberían hacer para frenar y detener de una vez ese Terrorismo de Estado se diría que están más preocupados en los últimos días ó meses por asegurarse un buen Despachito en el Parlamento Europeos, con unos buenos sueldos, dietas, cochazos..a costa de los bolsillos de los ciudadanos españoles y europeos ó como mucho en los mitines buscando los votos necesarios para asegurarse los Despachitos... Porque ¿donde están últimamente los P.I, J.C.M, S.A.R, ...que no se les ve por ningún lado defendiendo a los detenidos en las redes sociales por expresar simplemente su hartazgo con tanta corrupción política-financiera que tenemos en España...y contra los recortes de Derechos y Libertades de los ciudadanos españoles entre las cuales se encuentra precisamente la Libertad de Expresión...? hace pocas semanas eran 21 los detenidos entre facebook y Twitter por expresar libremente su hartazgo y recientemente ha habido otros dos detenidos más por la misma razón al hilo del asesinato de la Presidenta de la Diputación de León parece ser que por inquinas personales de despidos por parte de los mismos compañeros del PP de la asesinada.... ; ¿donde estaban estos mismos mencionados anteriormente, cuando los compañeros del SAT de Jaén y de Granada -creo-sufrieron una auténtica represión y represalías por invitar a un representante de Amaiur - Sabino Cuadra- a la presentación de su libro "arrojado a los leones" y posteriormente otro acto político...? los mismos compañeros del SAT tuvieron que hacer de escudos humanos para proteger a Sabino Cuadra de la furía fascista de los gobiernos andaluces... Pero es más es que ni siquiera se sabe que otras organizaciones de la Izquierda, además de Podemos, hayan hecho un esfuerzo particularmente significativo por defender la Libertad de Expresión en las Redes Sociales, a pesar de saber muy bien que esa Libertad de Expresión va en consonancia con la realidad del cada vez mayor fascismo imperialista-sionista por parte de los gobiernos en el poder PPSOE y sus aliados y satelites como UPyD. Si ese silencio e indiferencia con la represión de estado de los últimos días, es lo que podemos esperar de los Partidos y Organizaciones que se presentan en las Elecciones Europeas del 25 Mayo, de aquí en adelante, ....Apaga y Vamonos!!!, conmigo que no cuenten, para legitimar un Sistema Fascista Imperialista-Sionista ni en España ni en Europa, ya lo había dicho antes, pero los últimos días me ha confirmado en mi postura, que ninguno de los Partidos Políticos existentes ó al menos ninguno de los que puedan tener alguna posibilidad de ganar las Elecciones se merecen mi voto ni menos aún mi confianza habida cuenta de lo poco ó nada que han hecho por los últimos represaliados, detenidos, multados,... porque si lo que han hecho hasta ahora es lo que van a seguir haciendo después, está claro que no me representan y que no están preparados precisamente para defender algo más que sus intereses políticos y económicos mezquinos e hipocritas ni en el Parlamento español ni en el europeo.
Lástima, que precisamente ahora que se prepara un cada vez mayor Terrorismo Fascista-Imperialista-Sionista, sea cuando la gente de ETA, Grapo y Terra Llure ya no estén en activo, y encima no hayan dejado sus Armas al Pueblo para poder defenderse como sería necesario!!!. Porque por mucho que algunos les parezcan fuertes las palabras y comentarios vertidos en facebook y Twitter, no dejan de ser expresión del hartazgo que existe en la gran mayoría de la sociedad española aunque muy pocos tengan los arrojos, por no decir otra cosa, de expresarlo tal como lo han hecho los mismos detenidos, y porque en buena parte por el miedo que aún existe a decir las cosas tal como son, ó por el adormecimiento de muchos aún producido por los medios de comunicación social entre otras drogas , además de por el mismo control que ejercen muchos de esos Partidos de "izquierdas", Sindicatos Mayoritarios, ONGs...en sus Bases, de momento el hartazgo no ha llegado a ser Explosión Social, el día que realmente la gente explote en su Indignación, el estado español fascista imperialista-sionista no va a tener polícias ni guardias civiles ni militares suficientes para contener lo que se les vendrá encima...y ¡OJALA, OJALA MUY PRONTO, ESE ESTALLIDO SOCIAL TENGA LUGAR!!!, PORQUE YA ESTAMOS AGUANTANDO DEMASIADO...Y UNA OLLA CON TANTA PRESION NO AGUANTA ETERNAMENTE SIN ESTALLAR...
MI SOLIDARIDAD CON TODOS LOS DETENIDOS Y REPRESALIADOS ALLI DONDE ESTEN, EN LAS REDES SOCIALES, Y EN LA CALLE, EN EL SAT, EN ANDALUCIA, EN EUSKADI... Y EN PALESTINA... PORQUE SI TOCAN A UNO/NOS TOCAN A TODOS/AS, NINGUNA REPRESION SIN RESPUESTA...!!!, ¡¡¡NI UN PASO ATRAS EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO FASCISTA -IMPERIALISTA-SIONISTA.
¡¡¡Habrá un día en que todos
al levantar la vista
veremos una Tierra
que ponga Libertad
Hermano aquí mi mano
será tuya mi frente
y tu gesto de siempre
caerá sin levantar
huracanes de miedo
contra la Libertad..!!!
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Nuevo apretón de tuercas: El Código Penal Militar
http://www.grupotortuga.com/Nuevo-apreton-de-tuercas-El-Codigo
El anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en
los ejércitos de la OTAN
Manuel Pardo de Donlebún Montesino
Rebelión
En fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley Orgánica de un
nuevo Código Penal Militar (CPM). Esta reforma está justificada en los grandes
cambios producidos en las Fuerzas Armadas (FAS), como consecuencia de la
desaparición del servicio militar obligatorio, de las modificaciones en la
carrera militar y de la implantación de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las
FAS.
En su justificación del proyecto, olvida el Gobierno, sin
embargo, mencionar las obligaciones que ha contraído el Estado Español como
firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que clamaban por una
reforma radical de la justicia militar desde hace mucho tiempo.
Aplicación a civiles
Entre los aspectos más preocupantes del proyecto, figura la
aplicación a civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en
“delitos militares”, contraviniendo así el Principio 29 sobre “Restricciones a
la competencia de los Tribunales Militares”de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidasi; en particular, resultan de aplicación a civiles
los delitos de espionaje militar y revelación de secretos militares, atentado
contra instalaciones o medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos
y otros contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque
no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de “conflicto armado”.
En la mayoría de los casos, esos delitos están ya tipificados en
el Código Penal (CP), tal vez faltos de precisión en cuanto al rigor requerido
para proteger bienes jurídicos específicamente militares. Resulta sorprendente
que el Gobierno no haya aprovechado la radical reforma del Código Penal para
corregir estas carencias; le resulta más práctico declararlos “delitos
militares” para que pasen a ser juzgados directamente por tribunales militares.
Este procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Delitos de derecho
internacional
Paradójicamente, en el Código Penal si que existen los delitos
contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos
organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura o el Comité contra
las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicación de la justicia
militar en los casos de graves violaciones de derechos humanos, como las
ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros
crímenes de derecho internacional humanitario.
Sin embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de
investigar y castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos
en “delitos militares”, cuando sean cometidas por militares y se perpetren con
abuso de facultades o infracción de los deberes de las leyes de Derechos y
Deberes de las FAS y de la
Guardia Civil (GC); es decir, siempre. El proyectado CPM
hurtará así a la justicia ordinaria el conocimiento de los peores delitos que
pueden perpetrar los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se
dio un caso, con ocasión de unas denuncias de malos tratos o torturas a
detenidos durante la guerra de Irak, que fueron “investigadas” por la fiscalía
militar, sin intervención de la justicia ordinaria y sin que haya habido mas
noticias hasta hoyii.
Y este es el procedimiento que están utilizando las fuerzas
armadas y de seguridad en Colombia para eludir la acción de la justicia en las
graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra sucia
contra los grupos armados de oposición.
Obediencia debida
El proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia
debida cuando no hace mención explícita de las violaciones graves de derechos
humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas
y torturas, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad como circunstancias
limitadoras de la obediencia debida. Las simples alusiones a “actos que
manifiestamente constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y
terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general”
resultan demasiado vagas para prevenir los peores crímenes, en especial cuando
se establece que “se considerará circunstancia atenuante muy cualificada la de
haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquier otra
actuación injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro
estado pasional de entidad semejante”.
Por otra parte, en los delitos contra los deberes del mando
tampoco se enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o
tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros actos
ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los instrumentos internacionales
aceptados por España de combatir por todos los medios esos crímenes contra la
humanidad, ni resulta aceptable para un militar honrado la posibilidad de
eludir sus responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes
prohibidas.
Delitos contra los derechos
de las personas
Preocupa especialmente la categorización como delitos militares
de aquellos hechos cometidos por militares que afectan a los derechos
fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o violación de
derechos entre iguales), sin mención explícita a la protección de las víctimas
del delito. Cobra especial trascendencia en aquellos casos en que estos delitos
se perpetran en conexión con actos contra la indemnidad sexual. En estos casos
se violentan dos bienes jurídicos simultáneamente: la indemnidad sexual (u
otros derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El hecho
de convertirlos en delitos militares los hace automáticamente ser juzgados por
los tribunales militares, dando de esta forma prelación al bien jurídico
disciplina sobre el derecho fundamental violado, que debe tener mayor
protección que aquella.
Los bienes jurídicos
protegidos
En el preámbulo del proyecto se justifica la introducción en el
CPM como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando éste no
recoja “las singularidades referidas al bien jurídico protegido como esencial o
estrictamente militares”. De esta manera, se introducen los delitos de traición
militar, espionaje militar y revelación de secretos que comprometen a la
defensa, dando por hecho que el bien jurídico protegido (la defensa de la
nación) es un asunto de los militares y no de todo el pueblo español. Se abusa
de los conceptos jurídicos indeterminados (ofensas, ultrajes e injurias), el
objeto de los cuales serían España y sus símbolos y las FAS y sus símbolos. Por
otra parte, tampoco se entiende que, en el caso de las dos primeras (ofensas y
ultrajes a España y sus símbolos), se hayan definido como delitos militares,
dado que el bien jurídico protegido, en este caso, no es estricta o
esencialmente militar.
El proyecto está plagado de alusiones a la condición de los
guardias civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la GC como bienes jurídicos a
proteger por la justicia militar, convirtiendo así en delitos militares (y
juzgados, por tanto, por tribunales militares) conductas que ya están recogidas
en el CP. De hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo
completo, con la sola excepción del tiempo en que se encuentren cumpliendo
servicios policiales. Esto, obviamente, supone una tremenda limitación en sus
derechos civiles cuando no se encuentran en acto de servicio, dándose la
paradoja de que gozan de más libertades cuando están de servicio que cuando
están fuera de servicio.
Los derechos civiles de los
militares
En general, la misma crítica puede hacerse en relación con los
militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los civiles en
sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo, independientemente de
que sus conductas se realicen en acto de servicio o no. Estas limitaciones no
se darían si muchas de las conductas definidas como delito militar se
circunscribieran a los actos del servicio, cuando se encuentren en funciones
militares.
El estado de guerra, vs
situación de conflicto armado
El texto está plagado de situaciones para las que se explicitan
agravamientos de condena, aplicación a civiles e incluso la conversión de un
delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el “conflicto armado”. En el
actual CPM se habla de “estado de guerra”, que es una situación perfecta y
taxativamente determinada por la existencia de una declaración de guerra. Este
concepto desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina,
internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a los
conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la inmensa mayoría
de los enfrentamientos entre países o grupos armados no ha mediado una
declaración de guerra, en tanto que sus víctimas merecen igual protección que
en una guerra).
Sin embargo, resulta preocupante la falta de concreción sobre
qué debe entenderse por situación de conflicto armado, lo que anticipa un
posible abuso en la aplicación de la justicia militar por parte de la propias
autoridades militares en situaciones no suficientemente claras.
Los aliados
Los artículos referidos a los delitos de traición militar,
espionaje militar, revelación de secretos de defensa, atentado contra medios de
defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicación también cuando se
cometieren contra potencia aliada. El problema aquí reside en que debe
entenderse por aliado “cualquier Estado u Organización Internacional con la que
España esté ligada por un Tratado o alianza de defensa, o que tome parte en
conflicto armado, operación armada u operación internacional de paz en que
participe España contra un enemigo común”, sin que se cuestione para nada la
legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales delitos cometidos
por españoles contra estos “aliados” sería considerados como delitos militares,
igual que si se cometieran contra el propio estado, con independencia de la
legalidad o ilegalidad de tales operaciones.
Conclusiones
El Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar refuerza sin
disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN y de los Estados Unidos
en especial, consistentes en garantizar su efectividad, sacrificando para ello
la legalidad internacional y los derechos de las víctimas de la guerra. España
se apunta así a la corriente instaurada por los Estados Unidos de intervenir
donde y como quiere, sin que los organismos internacionales vayan a suponer la
menor cortapisa.
Para ello, no se duda en introducir como delitos militares
conductas que debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a ésta
de su conocimiento por la vía expeditiva de su definición como delitos
militares. Ello permite, además, la extensión de su aplicación a civiles en
muchas circunstancias, no taxativamente regladas.
En consecuencia, aumenta la inseguridad jurídica de los
militares y de los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su
potencial como vía para reprimir la disidencia, tanto interna como externa a la
institución militar.
Además, hace un flaco favor a la protección de los derechos
fundamentales, tanto de las víctimas de los conflictos armados, como de los
propios militares, permitiendo que en la protección de bienes jurídicos
yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesión de los ejércitos sobre los
derechos fundamentales de las víctimas.
Por último, refuerza la militarización de la Guardia Civil como
instrumento de control social disciplinado y obediente al poder establecido.
Todo ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la
aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que han
manifestado bien poco interés en modificar el sentido y la utilidad de las
fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de las aventuras
imperialistas.
En suma, nos encontramos con otro elemento más del golpe de
estado encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y libertades
que recoge la
Constitución , denunciado por el Colectivo Anemoi en un
reciente comunicadoiii y que se suma al paquete legislativo represivo, con
incalculables consecuencias.
Manuel Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío de la Armada en la Reserva.
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