Los directivos de las residencias no tienen autoridad alguna para oponerse a los deseos de muchos internos, de no ser vacunados.
GENOCIDIO PROGRAMADO, EN LA RESIDENCIAS DE MAYORES.
EL ABOGADO EN EJERCICIO D. LUIS DE MIGUEL ORTEGA, ha elaborado un informe en el que se especifica claramente que los directivos de las residencias no tienen autoridad alguna para oponerse a los deseos de muchos internos, de no ser vacunados. Por mandato del gobierno, la Administración ha tejido un complot, contando con la fiscalía y los jueces, y dando a las residencias instrucciones claras y precisas para que los responsables de las mismas presenten escrito ante la autoridad judicial comunicando las personas que se han negado a vacunarse. Hay, además, otra nueva Indicación relativa a las funciones inspectoras, sobre un “Plan de Humanización”, es decir, advierte a los centros de las consecuencias que tendría el no seguir las instrucciones y las tareas de comunicación a la Fiscalía.
Sorprende el desconocimiento o la ignorancia voluntaria de la legislación en materia de discapacidad de la Junta de Andalucía y de una Fiscalía conspiradora, que entra frontalmente en el ejercicio del abuso de autoridad, cuando no de la peor mala praxis como es coordinarse con las Administraciones para reducir o aniquilar los derechos fundamentales de las personas.
Sorprenden las coacciones para ejercer una presión groseramente ilegítima frente a residencias, ancianos y familiares, ante un plan de vacunación que se publicita como voluntario.
LAS RESIDENCIAS NO SON PARTE LEGÍTIMA EN UN PLEITO POR LAS VACUNAS
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